Tijuana, Baja California.– La nueva normativa del IMSS para las guarderías está fuera de lugar pues se piden perfiles más profesionales para el personal, mejor infraestructura, pero con un menor presupuesto, afirmó el abogado empresarial Esteban Capella Ibarra, al resaltar que a 15 días del nuevo año siguen sin acuerdo el Seguro Social y las guarderías.
Explicó que por ser un servicio especializado, hasta el año anterior la adjudicación de guarderías por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social era directa, pero a partir de este 2022 será mediante licitación pública, además de que por la política federal de contención presupuestal –la política de la 4T de menos gasto–, se le pidió al IMSS reducir el presupuesto para este rubro entre el 20 y 25%.
No obstante, los particulares que operan este servicio deberán cubrir los incrementos salariales de sus empleados acordados para este año y deberán asimismo contar con personal mejor capacitado, amén de tener que hacer adecuaciones a las instalaciones donde operan, pues los planos con que cuentan ya no operan, y todos estos requisitos les fueron cambiados de un día para otro, lo que está provocando una considerable crisis en el sector.
Esteban Capella Ibarra insistió en que el principal efecto de estas medidas “sin sentido” es que de golpe más de 5 mil usuarios se quedan sin dónde dejar a sus hijos, y 1200 trabajadores perderán sus empleos. A nivel nacional existen más de 600 guarderías subrogadas por el IMSS mismas que son la fuente de empleo de entre 35 y 55 trabajadoras y el sitio de cuidado de 120 niños por establecimiento.
La subrogación del servicio de guarderías por parte del IMSS es un esquema legal que se dio desde hace cuando menos cuatro décadas, mediante el cual la institución de seguridad social dejó de prestar el servicio de manera directa para hacerlo a través de terceros, a quienes les paga el dinero que le corresponde a los afiliados por este rubro.
Sin embargo actualmente el gobierno federal quiere que se mejore el servicio, pero de manera incongruente pretende pagar menos por el mismo.
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