Crispín Garrido Mancilla / Agencia Infonort News
Rosarito.- Una de las banderas políticas del aún gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ha sido impulsar la regularización de los autos “chocolate”.
Incluso, cuando estaba en campaña aseguraba que el tema estaría resuelto antes de las elecciones en las que resultó ganador.
Sin embargo, las cosas no han caminado como el entonces candidato hubiera deseado y en este momento, cuando el tema ya había pasado la aduana de la Cámara de Diputados, inserto en la Ley de Ingresos del próximo año, fue frenado en el Senado, que tuvo a bien escuchar a los representantes de la industria automotriz nacional, que ve como una amenaza a sus cifras positivas legalizar el “contrabando”.
Lo que se ve hasta ahora en la postura de la Cámara Alta es la propuesta de regresar el tema al limbo en el que ha estado hasta ahora, que es la aplicación de unos aranceles absurdamente altos que hacen inviable la importación de los autos usados de manufactura extranjera introducidos al país y mantenidos aquí de manera irregular.
O sea, si no cambia el rumbo, los senadores esconderán la cabeza en la arena para no ver los problemas colaterales que implica la irregularidad y así tener a los ensambladores contentos, en perjuicio de millones de ciudadanos, que tuvieron para comprar un carro pero no para pagar la importación, y del propio gobierno, que no recauda un centavo por esos carros ni tiene control sobre ellos.
En este manoseo legislativo se han ventilado cifras tales como la circulación en 10 estados del país de hasta 18 millones de autos chocolate, de los cuales medio millón estarían en la zona metropolitana de Tijuana.
Podría ser cualquier número, puesto que no hay datos oficiales de los autos ni de sus dueños; de si están en circulación, deshuesados en un yonque o bajo resguardo de las autoridades por haber estado implicados en algún ilícito o incidente de tránsito.
Los autos chocolate tampoco generan ningún ingreso formal a las arcas públicas, aunque sí para policías corruptos que los detienen para revisiones “de rutina”, y lo menos que puede pasar es que “descubran” que no cuentan con seguro de daños a terceros.
Y, por si fuera poco, su existencia ha dado pie al surgimiento de un ente como Anapromex, que emite una especie de “placas de circulación”, toleradas por las autoridades en una vergonzante cesión de una labor que a ellas corresponde.
La actual quizá sea la única oportunidad de que se allane el camino hacia la regularización de los autos chocolate, con los tres niveles de gobierno alineados en una misma corriente política, pero está más que difícil.
Mantener esta política implicaría que se hiciera lo mismo con la leche, los granos, los enseres domésticos, y cientos de productos que siguen el mismo patrón y nadie se queja. ¿Por qué solamente con los autos?
Así que existen dos caminos bien definidos:
Disminuir las barreras fiscales a la importación de autos usados para facilitar su regularización o dejar las cosas como están, con millones de autos fantasma circulando por los estados fronterizos, huyendo de cualquier retén, a merced de policías corruptos, sin seguro de daños a terceros, y sin pagar impuestos.
Por ahora, los senadores ya mostraron que seguirán este segundo camino, a pesar de que ya los diputados federales se habían atrevido a hacer algo distinto.
Espero equivocarme.
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