ESTADOUNIDENSES PIERDEN ACCESO A SUS CASAS VACACIONALES DE CANTAMAR, EN ROSARITO

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Reportaje de: San Diego Union Tribune

Playas de Rosarito, Baja California.- La cerca de alambre de púas que rodea la mayor parte de Cantamar, un desarrollo frente a la playa ubicado a unas 15 millas al sur de Playas de Rosarito, apenas se nota contra las altísimas palmeras que bordean la propiedad y la percusión de las olas del océano cercanas.

Los residentes de la lujosa comunidad junto a la playa dicen que en las últimas semanas tuvieron que escalar esa cerca de acero solo para dejar sus hogares debido a una creciente disputa con el administrador de la propiedad. Dicen que en busca de nuevas tarifas de mantenimiento, ella bloqueó la salida, cortó el agua y el gas, y negó la entrada a invitados, trabajadores de mantenimiento e incluso a algunos residentes.

Aproximadamente 40 residentes de Baja California, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses y jubilados de California, dicen que han perdido por completo el acceso a sus hogares.

“Me siento como un prisionero allí”, dijo Robert Boyd, un abogado jubilado de Arizona. “La gente ha invertido todo su dinero en el lugar, y están al borde de su ingenio. Serán condenados si van a perder sus inversiones o los ahorros de toda su vida “.

La complicada disputa a 35 millas al sur de la frontera entre Estados Unidos y México ilustra los peligros potenciales de los estadounidenses que compran una residencia de vacaciones en México o invierten en una casa de retiro allí.

Si bien los residentes extranjeros técnicamente no pueden poseer tierras mexicanas dentro de las 65 millas de la frontera de los EE. UU. O 35 millas de la costa mexicana, pueden arrendar y construir terrenos en esas áreas, siendo propietarios de esas mejoras por hasta 10 años.

También pueden comprar terrenos a través de un fideicomiso bancario mexicano llamado fideicomiso, en el que el banco es el fideicomisario y el titular legal y el comprador extranjero es el beneficiario del fideicomiso, que puede comprar, vender y construir en la propiedad.

Estas lagunas han provocado una afluencia de ciudadanos estadounidenses que comenzó a fines de la década de 1990. Se estima que 1.5 millones de estadounidenses viven ahora en México, y decenas de miles residen en Baja California, donde pueden mantener un pie en un terreno familiar saltando a través de la frontera hacia San Diego.

Muchos se sienten atraídos por el estilo de vida despreocupado de la playa de Baja California y el menor costo de vida. Así es como tantos ciudadanos estadounidenses vinieron a vivir a Cantamar, una comunidad cerrada donde el valor de los lotes frente al mar ubicados a solo 60 pies de la arena oscila entre $ 40,000 y $ 300,000, según residentes y listados de bienes raíces. Propiedades similares en San Diego costarían más de $ 1 millón.

El propietario de la urbanización cerrada, Carlos Borja Robles, falleció en 2007 sin testamento. Eso dejó a su viuda, Ivonne Cortez Avendaño, y a sus hijos peleando por la propiedad durante más de una década, según muestran los registros judiciales de Baja California. En febrero de 2019, un tribunal civil de apelación del estado anuló el fallo de un tribunal inferior y ordenó que la herencia de Borja Robles entregara Cantamar a Cortez Avendaño.

Algunos residentes, incluido Boyd, sostienen que el juez pudo haber extendido su autoridad al otorgar a Cortez Avendaño terrenos que legalmente pertenecían a algunos residentes del complejo. Boyd ha vivido en Baja durante 34 años y dice que puede tener el título dentro de la comunidad cerrada porque se convirtió en ciudadano mexicano naturalizado legalmente.

“Si el fallo abarca la propiedad titulada de otras personas, entonces el fallo excede la capacidad del juez para emitir ese fallo”, dijo Boyd.

Cortez Avendaño no pudo ser contactado para hacer comentarios. No se devolvió un correo electrónico al administrador de la propiedad, Zarella García, solicitando comentarios. A un periodista se le negó la entrada a Cantamar el martes.

Aunque algunos residentes dicen que se les ha permitido seguir viviendo allí desde la sentencia de 2019, dicen que Cortez Avendaño y su gerente han estado intensificando sus tácticas para convertirlo en un arreglo de vida incómodo.

“No he tenido agua corriente durante años. Cuando nos vayamos, no estamos seguros de poder volver a entrar ”, dijo un residente, quien pidió no ser identificado porque dijo que temía represalias por parte de la gerencia de Cantamar. Afirmó que las cámaras observan todos los movimientos de los residentes.
Algunos residentes dicen que Cortez Avendaño está intentando cobrar una nueva tarifa de mantenimiento mensual de $ 130 dólares, mientras que otros dicen que quiere el pago atrasado de la tarifa mensual que data de antes de 2007.

“La obligación de pagar la pensión no está incluida en mi título, ni estaba incluida en el título del dueño anterior y no hay un contrato separado que obligara al dueño anterior, y ahora a mí, a pagar la pensión”, dijo Boyd.

En enero, Boyd le envió un correo electrónico al gerente García, para solicitar acceso a su propiedad dentro del complejo para que los trabajadores de mantenimiento trabajaran en el techo de uno de sus apartamentos, según un correo electrónico que proporcionó.

García respondió que a los trabajadores no se les permitió ingresar al desarrollo.

“Revisé la grabación de su mensaje entregado a nuestro guardia. Y, para ser claros y evitar futuras controversias, el Zorro (quienquiera que sea) y Aaron NO están permitidos en Cantamar. No importa si son sus empleados, NO PUEDEN entrar ”, respondió García.

“Por último, tiene un terreno en nuestro campus, por lo que puede venir a ver su terreno cuando lo desee”, continuó su correo electrónico. “NO se permiten otras personas o invitados. Si planea vender su terreno o realizar trabajos de construcción, asegúrese de enviarme un correo electrónico con su solicitud. Una vez que el propietario lo haya revisado y aprobado, podrá seguir adelante. De lo contrario, no pierda el tiempo de nadie “.

El Dr. Mike Welch, un médico alergólogo afiliado al Rady Childrens Hospital, dijo que se le ha negado la entrada a través de la puerta del desarrollo durante meses.

“Las personas que viven allí no pueden usar la casa que han disfrutado durante muchos, muchos años”, dijo Welch. “Incluso ha habido altercados en ocasiones en la puerta de entrada entre el personal de seguridad y los residentes y visitantes que intentan entrar”.

Las autoridades estadounidenses dicen que son impotentes para intervenir cuando surgen disputas de propiedad que involucran a estadounidenses en México. Han advertido que el turbio sistema de registro de tierras de México expone a los extranjeros a complejas disputas de títulos en tribunales que no siempre cumplen las reglas oficiales.

Las posibilidades de ganar una pelea en el sistema legal mexicano son escasas y el proceso puede prolongarse durante décadas.

El ejemplo más notorio llegó en 2000 cuando terminó una batalla legal de 27 años con aproximadamente 200 estadounidenses siendo desalojados de sus casas de retiro en Punta Banda, una península arenosa cerca del cielo y al sur de Ensenada. Los ciudadanos estadounidenses construyeron sus casas en tierras ejidales, o tierras comunales, y la Corte Suprema de México dictaminó que el grupo ejidal que vendió la tierra no era el verdadero propietario.

“¿Quién va a gastar mucho dinero en los tribunales y esperar 10 años?” dijo Boyd. “La mayoría de las personas son mayores y, en 10 años, ¿dónde van a estar?”.

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Trouble in paradise: Americans say they’ve lost access to their Baja resort homes

 

 

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